Alter pollus cantorum

No hace muchos días, un amigo me llamó para decirme que su hija, de 21 años, tenía un aviso del juzgado para que pasara a recoger una notificación urgente e importante. Pensando quizás que pudiera estar metida, aún sin saberlo, en algún lío, la acompañó. Las noticias no eran malas (en principio): la chica tenía que comparecer al día siguiente en la Audiencia Provincial para una selección de jurado.

Es decir, la joven sólo había tenido la "suerte" de ser seleccionada para ser jurado. Así que se presentó en la Audiencia a la hora prevista, para pasar la selección y con la idea de volver a su tranquila vida. Pero no.

Nada más acabar la selección (parece que le gustó a todas las partes, pues la escogieron), y sin que la hubieran avisado, pasó a la sala de vistas, donde se inició el juicio. Un juicio por presunto asesinato, que comenzó con el interrogatorio al reo.

Sobre las peripecias del juicio nada contaré, porque la información no es de primera mano, pero seguro que no tiene desperdicio (la presión de la responsabilidad, la incomunicación en un hotel, la custodia de la Guardia Civil...).

Pero me permitié reflexionar sobre el funcionamiento de la Justicia (así, con mayúsculas, dada su importancia para la cohesión social y el buen funcionamiento del estado de derecho).

Ser miembro de un jurado popular es toda una responsabilidad y una situación que puede comportar muchas sensaciones fuertes y hasta contradictorias. Presión, miedo, desconfianza... Por eso, la información por parte de la Administración de Justicia es primordial. No sólo para tranquilizar a quien tiene en sus manos la posibilidad de canviar negativa o positivamente la vida de un presunto delincuente, sinó también para garantizarle un juicio justo.´

Al parecer, nada de eso existe. Se recibe una notificación, de la que nada te explican, más que de la posibilidad de ser multado en caso de incomparecencia, te meten en una sala y... a juzgar. No hay tiempo para presparse psicológicamente, ni para avisar en el trabajo, no para asesorarse de cuáles son tus derechos y obligaciones. Nada.

No es un problema de la Ley del Jurado. Una ley alabada por unos y denostada por otros. Es, como he dicho, una cuestión de mal funcionamiento de la justicia. Un funcionamiento, permítaseme la expresión y que nadie vea desacato, un tanto prepotente. Yo juzgo, tu cumples con tu obligación y lo demás no importa.

Esta anécdota (para mí que no la viví, pero no para su protagonista) puede sumarse a otras muchas situaciones a las que nos enfrentamos los usuarios de los tribunales, en las que la Ley pretende una cosa y la Justicia consigue otra.

Como el caso de los juicios monitorios. Son esos juicios para la reclamación rápida de deucas, en las que no se necesita abogado y procurador para presentar la demanda y en función de la cuantía y de la materia, ni para seguir la acción (debo decir aquí que es una de las pocas reformas legislativas de fondo que alabo de la época del gobierno del Partido Popular, pero eso es harina de otro costal). Esas demandas se pueden presentar en unos formularios gratuítos que te dan en el juzgado, pero que, a pesar de todo, deben cumplir unos requisitos (firma, aportación de documentos, etc.). Pues bien, que a nadie que le ocurra ir al juzgado a preguntar si la demanda que está presentando cumple con los requisitos mínimos exigidos en la Ley de Enjuiciamento Civil, pues se puede encontrar con la respuesta de "yo sólo se lo sello, si tiene alguna duda consulte con un abogado". Pues bien vamos. La Ley facilita al ciudadano que reclame las pequeñas deudas, pero debe tener abogado para ello. Para eso no hacía falta la reforma de la Ley.

La reforma de la Administración de Justicia sigue siendo la gran asignatura pendiente. Y no se hace sólo con reformas legislativas, se necesita acción política y, como siempre, dinero.

De poco sirve que los jueces deban o puedan atendernos en catalán si el acceso a la justicia sigue siendo tan difícil como siempre.

Si en vez de pedir firmas para nada (aunque para fastidiar mucho) o manifestarse para pedir poder decidir -gran incongruencia de la que quizás escriba otro día-, los políticos del país se dedicaran a solventar este y otros temas básicos para nuestro bienestar, otro gallo nos cantaría.

PARTICIPAR O DECIDIR

Sé que lo que voy a escribir será para muchos políticamente incorrecto, pero...

Ayer asistí a la reunión del Pleno del Ayuntamiento de mi ciudad.
Quiero decir que hace muchos años que mes a mes asisto a estas reuniones, en las que se discuten y deciden muchos asuntos que nos afectan directamente a todos cuantos vivimos en sus casas y disfrutamos de sus espacios. Y quiero decir que siempre he sentido admiración por las 21 mujeres y hombres que, al menos una vez al mes, tienen que tomar decisiones no siempre comprendidas, muchas veces criticadas y algunas veces absolutamente y objetivamente equivocadas.

Desde hace unos 4 años, es común que en las reuniones del Pleno intervengan representantes de entidades vecinales, para expresar las quejas de sus representados o para solicitar tal o cual intervención municipal. Debo aclarar que últimamente las reivindicaciones vecinales se han ido sustituyendo por simples críticas políticas, a mi entender impropias y sospechosamente calcadas a las críticas políticas de determinado partido, pero ese es un asunto que daría para otro comentario más extenso.
Como decía, las intervenciones de representantes de entidades es cada vez más común. Hasta aquí, todo es razonable. Pero lo que no puedo entender es lo que pasó ayer. Me explico.
Una entidad hace una solicitud al Pleno para que se actúe de determinada manera sobre el territorio (la concreción es innecesaria, pero aclararé que versaba sobre el transporte público y el futuro recorrido del tranvía). Y pide, de manera expresa que se convoque una consulta popular para que el Ayuntamiento actúe en el sentido que "el pueblo" se exprese.
Ante la negativa -no recuerdo si expresa o tácita- del gobierno municipal, el portavoz de la entidad lo acusa de antidemocrático y manifiesta que esa actitud es una burla a la democracia.

Vamos a ver. La democracia implica varias cosas: una, que todas las opiniones son legítimas, TODAS, también la de los políticos; otra, que toda actuación política debe hacerse con respeto a las normas que EL PUEBLO, de forma directa o por la vía representativa, ha dictado. Y esas normas dicen que los representantes del PUEBLO en el municipio son los concejales, DEMOCRÁTICAMENTE elegidos por sufragio universal. Dicho de otra manera, con todo el respeto del mundo y para que nadie se confunda, a mi me representan en la institución los 21 concejales que ayer se reunieron y no uno o cincuenta presidentes de una o cincuenta entidades a las que uno se puede adherir o no.
Pero es más. Me niego a tener que decidir sobre aspectos complejos de la gestión de la ciudad. Quiero opinar, pero no decidir. Para decidir ya elegí -elegimos-. Esa es la diferencia entre la participación (opinión, trabajo conjunto, toma en consideración de las inquietudes de la sociedad...) y la dictadura del proletariado (?).

No quiero un sistema político asambleario. Me gusta el sistema representativo, que debe mejorar y evolucionar hacia un sistema más participativo, pero que no tiene nada que ver con un sistema basado en la ley del más gritón.

Claro que pensándolo bien, deberían convocarse referéndums para decidir las subvenciones a conceder a las entidades o para decidir si deben poder usar tal o cual local público.